Judiciales
No es un juego de niños: es delito llevar a menores de edad a que se tatúen
En un video de Facebook quedó registrado el momento en el que una niña llora sin parar, pues sus padres la llevaron a que se tatuara una pantorrilla. Lejos de ser una anécdota familiar, esta conducta puede configurar un delito.
“No llore porque si la van a grabar, después van a decir que están maltratando a esa niña y viene el Bienestar Familiar y se la lleva”. Esas eran las palabras que constantemente repetía una mujer, quien es la madre de una niña que terminó con una mariposa tatuada en su pantorrilla derecha, en un estudio de tatuaje de Pereira (Risaralda). La escena quedó registrada en un video en vivo en Facebook, cuyos protagonistas son más de cuatro adultos, incluido el tatuador; la niña de siete años; y otro menor de edad quien miraba la diligencia sin mediar palabra.
Lo cierto es que más allá de lo que podría ser una anécdota familiar, los acudientes de la niña podrían enfrentarse a una investigación penal por estos hechos. De acuerdo con la abogada penalista María Helena Luna, quien también es profesora universitaria en Medellín, estarían probadas dos conductas punibles: la primera, constreñimiento ilegal, porque se está obligando a una niña a “hacer, omitir o tolerar algo”, en este caso, tatuarse. La segunda, lesiones personales, en la categoría de deformidad porque se trata de un cambio para toda la vida.
“Son delitos de oficio. Una vez las autoridades tengan conocimiento de una posible conducta punible, deben empezar a investigar con la debida diligencia. Incluso mucho más por los tratados internacionales y el interés superior en la niñez. Entonces, no se necesita ninguna denuncia o pronunciamiento de los familiares o personas externas. Una vez la Fiscalía tiene conocimiento de un posible hecho que constituya un delito está obligada a iniciar la investigación de oficio”, explicó la profesora Luna.
De acuerdo con el Código Penal, quien incurra en constreñimiento ilegal podrá enfrentar pena privativa de la libertad entre los 16 y 36 meses. Además, como se explica en el articulo 183 de la normativa, la condena se aumentará en una tercera parte “cuando el agente sea integrante de la familia de la víctima”, como, al parecer, sucedió en este caso. Sin embargo, en las cuentas del juez entran diversas variables que lo llevan a determinar si la persona, en investigaciones por este delito, va a prisión intramural o se le sustituye la pena con detención domiciliaria o libertad condicional.
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 113 del Código Penal, quien cause lesiones personales a un ciudadano, en eventos cuya consecuencia sea la deformidad de una víctima, podrá enfrentar una pena en establecimiento carcelario entre los 16 y los 108 meses (nueve años). “Si fuere permanente (como en este caso un tatuaje), la pena de prisión será de 32 a 126 meses y multa de 34.6 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, especifica la normativa.
La abogada María Helena Luna asegura que la Fiscalía debe actuar lo más pronto posible, a la par con otras jurisdicciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). De hecho, en horas de la tarde del pasado 7 de enero, un equipo del órgano de control especializado en infancia y adolescencia realizó un proceso de restablecimiento de derechos para la niña. Por orden de la defensora de Familia que acompañó el caso, la madre recibió una amonestación con remisión a curso pedagógico.
De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, la madre de la niña víctima de maltrato recibió una sanción administrativa suave, pues la amonestación es una de las penalizaciones preventivas que pueden darse en el marco de un proceso de restablecimiento de derechos del ICBF. En casos de mayor gravedad, por ejemplo, las normas nacionales contemplan que a una familia se le puede retirar inmediatamente el niño, niña o adolescente, como medida que garantice su protección integral.
Judiciales
Prueba reina en caso de Valeria Afanador; aparece lonchera y cartuchera escolar
Han pasado ya nueve 14 días desde que la familia Afanador perdió el rastro de Valeria Afanador, una niña que fue vista por última vez en su colegio, ubicado en Cajicá, Cundinamarca. La situación ha generado una profunda incertidumbre, pues, a pesar de los operativos, no existen pistas claras que indiquen qué pudo haber pasado con ella.
El 12 de agosto, a las 10:30 de la mañana, las cámaras de seguridad del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe registraron las últimas imágenes de Valeria. La menor se encontraba jugando cerca de una zona de arbustos junto a la reja que colinda con el sector del río Frío.
Lo desconcertante es que en las grabaciones no se observa que la niña regresara por el mismo punto. Por ello, una de las hipótesis es que pudo haber salido de la institución por un espacio de la cerca. Este hecho ha despertado cuestionamientos sobre la supervisión en el colegio y sobre cómo fue posible que nadie notara su ausencia a tiempo.
Entre las primeras hipótesis de las autoridades estuvo la posibilidad de que Valeria hubiera caído al río Frío. Sin embargo, buzos expertos inspeccionaron los puntos profundos del afluente y no encontraron ninguna evidencia.
Otra línea de investigación surgió tras la declaración de Manuel Afanador, abuelo de la niña, quien mencionó que había testigos que señalaban a un hombre alto y corpulento llevándosela.
A raíz de esto, las autoridades ampliaron la búsqueda hacia municipios cercanos como Tenjo, Tabio y Chía, revisando grabaciones de cámaras de seguridad que pudieran aportar información sobre esa versión.
Judiciales
Asegurados dos venezolanos señalados de abusar de una mujer en medio de un hurto en Guatapé
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos ciudadanos venezolanos como presuntos responsables de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Se trata de Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado.
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Los hechos investigados ocurrieron en una cabaña de alquiler ubicada en zona rural de Guatapé, Oriente antioqueño, el 1 de junio del año en curso, cuando, al parecer, los dos hombres irrumpieron de forma violenta en el inmueble y luego de retener y amenazar con armas blancas y de fuego a una pareja que se hallaba en el lugar, los despojaron de sus pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos. Se evidenció, además, que los procesados habrían agredido sexualmente a la mujer de 26 años, quien resultó lesionada con arma blanca en varias partes del cuerpo.
Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado fueron capturados por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional. Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Seccional Antioquia.
Judiciales
Pusieron “cilindro bomba” de señuelo a militares para atacarlos con bombas en el Norte de Antioquia
El falso explosivo fue ubicado en la vía Llanos del Cuivá a Ituango, a la altura del Valle de Toledo. Las labores de las tropas permitieron encontrar las bombas a pocos metros.
Un supuesto cilindro bomba que fue ubicado en toda la mitad de la vía hacia Ituango fue utilizado como señuelo para perpetrar un atentado contra las autoridades que fueran a desactivarlo. Sin embargo, las habilidades militares permitieron encontrar los explosivos ubicados a pocos metros con los cuales los pretendían atacar.
Los hechos se registraron en la tarde del domingo en el corregimiento El Valle, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte antioqueño, cuando la comunidad alertó de la presencia del cilindro bomba, ubicado a pocos metros de una curva de este corredor, por lo que fue tuvieron que cerrar la vía varias horas para iniciar el proceso de desactivación.
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